En mayo del año pasado, los clubes de Rotarios de Málaga decidieron reabrir el debate sobre el tren litoral y pedir respaldo a la sociedad civil sobre la necesidad de diseñar un nuevo trazado desde el aeropuerto con ancho de vía de AVE. El proyecto del Ministerio de Fomento de conectar Marbella a partir de la prolongación del Cercanías de Fuengirola era insuficiente. En septiembre los rotarios de la Costa del Sol volvieron a la carga. Anunciaron la creación de una plataforma para reivindicar la llegada del ferrocarril hasta Estepona.

Casi veinte años de promesas de la Junta y de los gobiernos del PSOE y del PP en Madrid, pero ni un solo raíl. La iniciativa ciudadana no consiguió el eco mediático suficiente, por lo que decidieron sumar también a la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos). En noviembre, entra la Asociación de Promotores y Constructores de Málaga (ACP) y la cadena de adhesiones comienza a ensancharse con los representantes de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) y los distintos colegios profesionales.

El pasado lunes, la Plataforma por el Tren Litoral logra sentar a los representantes de PP, PSOE, Ciudadanos e IU y consigue que firmen un manifiesto. Demandan que el futuro transporte sea competitivo en tiempo con el coche (nunca lo será un Cercanías que invierta hora y media entre Málaga y Marbella, como ahora se estima) y un compromiso en tiempo y plazo (realista) para ejecutar la obra. Está claro que con las cifras de inversión que se barajan, de 2.000 a 3.000 millones si se prolonga el Cercanías; 5.000 millones si se habilita un nuevo trazado para que circulen trenes de altas prestaciones, la empresa se presenta muy complicada si no entra la iniciativa privada. Además, la plataforma quiere conocer y opinar antes de que Fomento tome la decisión, allá por el mes de septiembre, entre las dos alternativas que los técnicos ahora barajan.

Pero, a la espera de los resultados, lo más importante es que la llamada sociedad civil ha reaparecido para ocupar un espacio que abandonó hace décadas. Y lo hace para posicionarse con todas las consecuencias ante un proyecto de futuro, con independencia de los partidos o los gobiernos que puedan promoverlo. Este es el principal valor de esta iniciativa, romper con un sistema en el que el poder de decisión recae exclusivamente en los gobiernos o en los partidos, que carecen del más mínimo interés en pulsar la opinión de los contribuyentes afectados. Si lo sumamos a la propuesta de hace unos días para recuperar el proyecto del funicular, liderada por la Fundación El Pimpi, o el rechazo a la construcción del rascacielos en el puerto, con la Academia de Ciencias como uno de los actores, hay que convenir en que, afortunadamente, algo se mueve después de décadas de total apatía.